Dejemos de hablar sólo de Bolonia

Bolonia, la ciudad y la Universidad, trae a los universitarios recuerdos intensos e inmemoriales. No sólo fue una de las primeras instituciones de la educación superior, sino que revolucionó el método de enseñanza, así como las formas de creación y transmisión del conocimiento legado, en su momento, por la cultura romana. En sus aulas, se produjeron los primeros atisbos de lo que sería más tarde la ciencia moderna y por ellas pasaron numerosos estudiantes que propagaron el saber por todos los confines de Europa.

Sin embargo, desde hace un tiempo, el nombre de Bolonia se ha ligado a un complejo proceso de transformación del mundo universitario europeo que pretende adaptar esta institución, sus funciones, su estructura y el modelo de enseñanza a los desafíos de la sociedad europea y global del siglo XXI. Paradójicamente, la que constituyera un ideal para generaciones de discentes y de docentes, ha devenido en una denominación peyorativa, negativa, signo de los malos tiempos que se avecinan a una institución degradada en sus objetivos y manipulada por los oscuros designios del mercado.

Como pocas veces en la historia de la humanidad tenemos la sensación, en palabras del filósofo griego Heráclito, de que todo fluye, nada permanece. Así es en la sociedad, en la economía o en las relaciones internacionales, y, del mismo modo, debía suceder en una institución acusada muchas veces de inmovilismo, pero que no deja de ser una pieza clave en el desarrollo de la ciencia y en el bienestar de los ciudadanos. Por ello, también a la Universidad le tocaba el momento de su reforma. Es más, los universitarios (también los de la Universidad de La Rioja) hemos estado preparándonos para ello desde hace bastantes años, sólo que no siempre han estado claros las reglas y el camino que debíamos seguir.

En todo este proceso, Bolonia ha tenido un papel no menor, pero que, en ningún caso, justifica su demonización. Como ya es sabido, en esta ciudad se reunieron en 1999 los responsables de la educación superior de varios países europeos con la intención de sentar las bases de un sistema homologable y convalidable que favoreciese la movilidad de estudiantes y profesores, la validez de los títulos y el fácil acceso a las profesiones. Para ello, se estableció un esquema muy básico concretado en la distinción entre los estudios de grado y postgrado, una unidad de cuenta que midiese el esfuerzo de los estudiantes (el crédito europeo) y una exigencia de transparencia de las enseñanzas a través del Suplemento al Título. Todo esto se ha ido especificando año a año en las reuniones de los responsables de educación y recibió un importante espaldarazo con la ’Estrategia de Lisboa’ (2000) y con la apuesta e impulso de la sociedad del conocimiento en el ámbito europeo. Son, pues, muchas las cuestiones y los aspectos que quedan interrelacionados con la reforma de las enseñanzas y que trascienden los objetivos iniciales de la Declaración de Bolonia.

Por encima de todo, dos son los aspectos que resaltan de este proceso. En primer lugar, su magnitud, pues no es sólo una reforma del método de enseñanza que premie la adquisición de habilidades, competencias y destrezas en la educación superior, sino que se proyecta además sobre las profesiones futuras, el papel de los colegios profesionales, el modelo de sociedad y, en definitiva, sobre el sistema económico. Y, en segundo lugar, la reforma es inevitable. Así, se desprende de las instrucciones de la Unión Europea y de la normativa aprobada por el gobierno de España que fija el año 2010 como aquel a partir del cual deben dejarse de impartir los primeros cursos de las titulaciones actualmente vigentes. Es por ello que va siendo hora de afirmar: «Dejemos de hablar de Bolonia y tomemos en serio la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación».

A la vista de todo esto, no debe de extrañar que alguna de las implicaciones de una mutación de tal calado sea considerada como una amenaza, como los críticos se han prestado prontamente a denunciar. Y no les falta razón. Veamos, aunque sea brevemente, alguna de ellas. En primer lugar, que la creación del Espacio Europeo de Educación Superior supone una ’degradación’ de la formación universitaria al centrar la actividad del profesor en la aplicación de un método pedagógico antes que en la transmisión de conocimientos, en detrimento, además, de la labor investigadora. Con sinceridad, no creo que, por sistema, esta implicación deba producirse así sin más y, en todo caso, dependerá de la actitud misma de los investigadores y, especialmente, de una política institucional que fomente la investigación básica y aplicada. En mi opinión, sigue siendo válida la vieja máxima del fundador de la Universidad de Berlín, W. von Humboldt, de que se enseña lo que se investiga, y se investiga lo que se enseña. Y, así lo entendemos en la Universidad de La Rioja. Por ello, insisto constantemente en que no sólo se trata de crear el Espacio Europeo de Educación Superior, sino también el de la Investigación, pues ambos van de la mano en un proyecto tan ambicioso.

En segundo lugar, se denuncia también la ’privatización’ de la universidad pública, y para ello se aducen al menos tres razones: que la distinción entre grado y postgrado supone un importante obstáculo para la formación especializada de los futuros profesionales, que las empresas y el mercado van a decidir las titulaciones que se van a impartir en las universidades y que se van a encarecer considerablemente los estudios universitarios. Lo cierto es que estas razones introducen en el debate otras tantas cuestiones que no sólo tienen que ver con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, sino que tienen que ver también con el ejercicio de competencias en el ámbito universitario, con el modelo de Estado y, sobre todo, con el sistema de financiación de las universidades, cuestiones éstas que están planteadas con independencia e, incluso, con anterioridad al mal llamado proceso de Bolonia.

Llegados a este punto, conviene reiterar que la Universidad de La Rioja se creó como el servicio público de la educación superior que debe prestarse a los ciudadanos al margen de criterios de pura rentabilidad económica, y así seguirá siendo. Eso quiere decir que se seguirán impartiendo las titulaciones no mercantilizadas, como son las de letras o humanidades, tal y como ya aprobó al inicio del proceso en la UR su Consejo de Gobierno. Y, además, que se seguirán pagando unas tasas que respondan, como hasta ahora, al precio público; también los másteres oficiales, especialmente en los casos que habiliten para el ejercicio de una determinada profesión.

Que esto sea así no quiere decir que no deba implementarse por las autoridades competentes una política activa de becas y de ayudas al estudio. Debe ser así pero, de nuevo, debe serlo al margen del proceso de convergencia europea en la educación superior. Dicho de otra manera, debe hacerse pese a Bolonia. Igualmente, parece necesario impulsar los canales de información acerca del proceso sobre todo en los más directamente afectados, como son los estudiantes de la educación secundaria y sus familias. Desde la UR estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para ello -ya se está preparando un programa especial y muy meritoria es, además, la creación por parte del Consejo de Estudiantes de la ’Unidad de Bolonia’-, pero necesitamos la colaboración de todos los implicados, pues no siempre el acceso a los interesados es fácil.